Florentino Gamarra. A.
CNP:12145
Ciudadanos, gremios y organizaciones de la sociedad civil han alzado su voz enérgicamente para exigir al Banco Central de Venezuela (BCV) la suspensión inmediata de políticas fiscales o monetarias que agudicen la precaria situación económica de las familias tras el devastador doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio.
La comunidad califica como un «atropello inadmisible» que, en medio de la peor tragedia natural que ha vivido la nación en un siglo —con miles de damnificados, pérdidas humanas irreparables e infraestructura colapsada—, no se hayan articulado medidas de auxilio financiero tangibles, exenciones de aranceles ni políticas de flexibilización cambiaria o crediticia orientadas a la reconstrucción y al soporte de los ciudadanos afectados.
«No se puede tratar de estabilizar variables macroeconómicas sobre las espaldas de un pueblo que hoy busca sobrevivientes entre los escombros y carece de techo, agua y servicios básicos», manifestaron voceros
A casi dos semanas del sismo, las principales exigencias dirigidas al ente emisor y a las autoridades financieras del país incluyen:
Congelación inmediata del cobro de intereses y cuotas de créditos para personas naturales y comercios en las zonas declaradas en emergencia.
Eliminación de trabas burocráticas para el ingreso y flujo de divisas destinadas a la asistencia humanitaria y la reconstrucción civil.
Coordinar acciones urgentes que frenen la especulación y la inflación en productos de primera necesidad y materiales de construcción, los cuales se han disparado tras el desastre.
La opinión pública y los sectores productivos coinciden en que la prioridad absoluta del Estado debe ser la preservación de la vida y la dignidad humana.
Exigen que el BCV actúe con sensibilidad social, abandonando posturas rígidas y priorizando la inyección de recursos y estímulos económicos directos para levantar a las comunidades devastadas.
