La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad, en primera discusión, el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. La propuesta legal busca sentar las bases institucionales para permitir la entrada de inversión privada y avanzar hacia un modelo mixto de gestión, permitiendo la llegada de capitales externos para mejorar la calidad del servicio público nacional.
La iniciativa, presentada ante el Parlamento por el diputado Jorge Rodríguez en nombre del Ejecutivo, abre las puertas a capitales privados en áreas que anteriormente permanecían bajo control exclusivo del Estado, incluyendo la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. La propuesta recibió un respaldo absoluto de la totalidad de los diputados presentes en la sesión legislativa ordinaria.
El proyecto faculta la creación de empresas mixtas, compañías privadas y operadores con amplia autonomía, quienes podrán participar activamente en el sector. Además, el texto contempla la figura de concesiones de larga duración y mecanismos financieros destinados a garantizar la rentabilidad y seguridad jurídica para los nuevos inversores interesados en el país.
Reforma histórica
Este paso representa un giro en la ofensiva legislativa impulsada desde inicios de 2026 por el Ejecutivo nacional. En apenas unos meses, la Administración ha promovido reformas en sectores estratégicos como los hidrocarburos, la minería y ahora la electricidad, apuntando siempre hacia una apertura controlada al capital privado y extranjero para dinamizar la economía nacional. La presentación y justificación del proyecto estuvo a cargo del diputado Orlando Miranda, quien destacó que esta reforma parcial se diseñó bajo tres premisas fundamentales: fortalecer la seguridad y protección del sistema nacional, garantizar el mantenimiento de la infraestructura actual y optimizar la calidad del suministro eléctrico para toda la ciudadanía.
De acuerdo con el debate parlamentario, el objetivo central de la ley es migrar hacia un sistema eléctrico moderno, mixto, autosostenible y responsable. Se busca abrir las puertas a un esquema que no solo sea eficiente, sino que pueda sostenerse financieramente en el tiempo, superando las limitaciones que han afectado al sector eléctrico durante la última década.
Gestión mixta
El diputado Miranda recordó que, a partir del año 2014, el sistema enfrentó desafíos severos debido a las sanciones económicas, lo que obligó a un diagnóstico exhaustivo sobre los costos reales de generación. En este escenario, el Gobierno asegura que asumirá un nuevo rol enfocado en el apoyo directo al pueblo, garantizando que la inversión mejore el servicio.
Por su parte, el diputado de oposición Omar Veracierto y el gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, presentaron una propuesta complementaria enfocada en transformar el modelo vigente desde 2010. Ambos coincidieron en que la solución no es ideológica, sino de gestión, insistiendo en que el progreso depende de estándares de excelencia y colaboración.
La reforma fue remitida a la comisión permanente de Servicios Públicos junto a la propuesta opositora, con el fin de integrar energías alternativas al sistema. Este paso administrativo busca consolidar una ley que permita al Estado mantener la rectoría de los activos estratégicos mientras incentiva la participación de capitales privados en el desarrollo.
Incentivo privado
La primera vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, resaltó que uno de los planteamientos clave del gremio que representa es la posibilidad de comercializar la energía autogenerada. Esta medida, ausente en la legislación anterior, es considerada fundamental para motivar la inversión particular, reducir la presión sobre la red nacional y fomentar el uso de tecnologías eficientes.
Analistas han señalado que, tras años de reconocer el deterioro del modelo centralizado, esta reforma valida la necesidad de sumar capacidades externas. Expertos sostienen que los países exitosos suelen combinar supervisión pública con inversión privada, sugiriendo que Venezuela debe seguir este camino para atraer recursos financieros y técnicos.
Se definirá el futuro de la infraestructura clave
El camino hacia la recuperación eléctrica parece orientado a la apertura, la regulación eficiente y la diversificación de fuentes. Con la inclusión de compensaciones para usuarios y la promoción de tecnologías más modernas, la Asamblea Nacional se prepara para una segunda discusión que definirá el futuro de la infraestructura fundamental del país.
El diputado a la Asamblea Nacional Reinaldo Sifuentes afirmó esta semana en Globovisión que es urgente crear un marco legal que permita la inversión privada en el sector eléctrico venezolano, una medida que considera clave para recuperar la capacidad operativa del país.
«Resulta urgente brindar un instrumento jurídico que permita la inversión privada en el sistema eléctrico nacional, que permita la recuperación de la capacidad instalada en el país», comentó Sifuentes al referirse a las capacidades de generación eléctrica que rondan los 14.000 y 15.000 megavatios, lo que conlleva a la aplicación de planes de administración de carga.
«Buscamos abrir las puertas a un esquema que no solo sea eficiente, sino que pueda sostenerse financieramente en el tiempo”
