La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, presentó este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya los argumentos que sustentan la soberanía nacional sobre la Guayana Esequiba. Durante la jornada, la mandataria en funciones denunció que el proceso de diálogo fue socavado unilateralmente por Guyana y ratificó que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte para resolver la controversia de manera unilateral.
“Ese método es la negociación, no la imposición; no hay vencedores ni vencidos. Este proceso de negociación no fue agotado ni abandonado por Venezuela; fue socavado por la conducta de Guyana”, sentenció Rodríguez.
La presidenta explicó que la titularidad venezolana sobre el territorio es previa a cualquier laudo arbitral, basándose en el rigor documental y el origen mismo de la República.
“Las pruebas son irrefutables. La Guayana Esequiba forma parte del territorio venezolano desde su nacimiento en 1777, cuando la Corona Española creó la Capitanía General de Venezuela, integrada, entre otras, por la provincia de Guayana”, afirmó la mandataria ante los miembros de la Corte.
Asimismo, destacó que su presencia en este escenario internacional responde a la voluntad soberana expresada en las urnas por el pueblo venezolano.
“Nuestro Pueblo se volcó a las urnas electorales y nos dio una serie de mandatos expresos muy contundentes. Me permito resaltar lo primero: mantener la posición histórica de no someter a mecanismos judiciales sus asuntos existenciales como la independencia y la integridad territorial”.
Acompañada por el canciller Yván Gil, la procuradora Arianny Seijo y el agente Samuel Moncada, Rodríguez argumentó que la decisión de Guyana de trasladar la controversia al ámbito judicial coincidió con intereses económicos tras el descubrimiento de crudo en el área en disputa.
“Ese cambio no fue inocente; coincide con la aparición en el año 2015 del hallazgo petrolero catalogado como de fama mundial. Guyana, en consecuencia, dejó de actuar de buena fe y mantuvo una silenciosa intención de zafarse del cumplimiento del Acuerdo de Ginebra”, denunció la jefa de Estado.
Asimismo, la mandataria recordó que la controversia no se refiere a la validación o invalidación de un laudo fraudulento, sino a alcanzar un arreglo práctico y satisfactorio según lo pactado en 1966.
