Florentino Gamarra
CNP: 12.145
Usuarios y representantes de la sociedad civil en la capital guariqueña han alzado su voz de protesta ante el creciente número de unidades de transporte público que circulan por la ciudad incumpliendo con las exigencias fundamentales de la Ley de Transporte Terrestre, específicamente en lo que respecta a la póliza de Responsabilidad Civil de Vehículos (RCV).
El Riesgo para el Pasajero
El Seguro de Responsabilidad Civil no es un trámite opcional. Según el artículo 1.193 del Código Civil y los artículos 35 y 58 de la Ley de Transporte Terrestre, este seguro garantiza que, ante cualquier siniestro, los daños causados a terceros —incluyendo pasajeros— sean reparados.
«Si ocurre un accidente hoy en un autobús que sube a la Unerg o que cubre la ruta hacia el Terminal, el pasajero queda totalmente desprotegido. Los conductores alegan que el costo de los insumos y repuestos no les permite pagar el seguro, pero la seguridad del ciudadano no puede ser una variable de ajuste», señalaron voceros de las comunidades afectadas.
La normativa vigente establece que:
Obligatoriedad: Todo vehículo de transporte público debe estar amparado por una póliza de responsabilidad civil para responder por daños al Estado o a particulares (Art. 35 Ley de Transporte).
Sanciones: La falta de este documento puede acarrear multas equivalentes al 50% o hasta el 100% del salario mínimo, dependiendo de la reincidencia, además de la posible retención de la unidad por parte de las autoridades del INTT o la Policía Municipal.
Actualización: Recientemente, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) publicó la Providencia SAA-01-0512-2024, que uniformiza las tarifas y condiciones de estas pólizas, eliminando excusas sobre la complejidad de su contratación.
Los denunciantes hacen un llamado urgente a la gerencia regional del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y a la Alcaldía del Municipio Juan Germán Roscio Nieves para que activen operativos de fiscalización en los principales puntos de control y terminales de la ciudad.
«No se trata solo de cobrar el pasaje o revisar la ruta; se trata de garantizar que el prestador del servicio cumpla con su deber legal de protección. Un conductor sin RCV es un peligro administrativo y social en nuestras vías», concluye el comunicado.
