La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se recupera este domingo tras haber sido sometida a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis. La intervención tuvo lugar en el Sanatorio Otamendi de la capital argentina, luego de que la exmandataria fuera trasladada desde su residencia, donde cumple una condena de prisión domiciliaria bajo condiciones que sus abogados califican de «inusualmente estrictas».
La operación, que concluyó satisfactoriamente la mañana del sábado 20 de diciembre, se suma a una serie de antecedentes médicos de la líder política, de 72 años, quien ya ha superado intervenciones de alta complejidad en el pasado, incluyendo una cirugía craneal en 2013 y una histerectomía en 2021. Según fuentes cercanas a su entorno, la recuperación avanza de forma positiva, aunque bajo la constante vigilancia de la Policía Federal que custodia su arresto.
El episodio médico ha reavivado el debate sobre el trato judicial que recibe la exvicepresidenta (2019-2023). Desde junio de 2025, Kirchner cumple una condena derivada de la denominada «Causa Vialidad», un proceso que ella y diversos organismos internacionales han denunciado como un caso de «lawfare» o persecución judicial con fines políticos.
La defensa de la exmandataria ha elevado denuncias ante la opinión pública internacional por lo que consideran un régimen de visitas «punitivo y arbitrario». Actualmente, la Justicia argentina solo le permite recibir visitas dos veces por semana, con una duración máxima de dos horas y un límite de tres personas simultáneas, previa autorización judicial para cada encuentro. Sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentan que estas restricciones son inéditas para un detenido domiciliario en el país, especialmente considerando que, por su condición de expresidenta, ya cuenta con una custodia oficial que garantiza que no existe peligro de fuga.
Tensión política en las calles
Mientras Kirchner permanece internada, cientos de simpatizantes se han congregado en las afueras del centro médico bajo consignas que denuncian un intento de «proscripción» y aislamiento político. El reciente aval de la Corte Suprema para que la exjefa de Estado utilice una tobillera electrónica ha profundizado el malestar de sus seguidores, quienes ven en estas medidas un ensañamiento del sistema judicial.
Con este nuevo revés de salud, el escenario político en el país sudamericano se mantiene en vilo, mientras la comunidad internacional observa con atención el equilibrio entre los procesos legales y el respeto a las garantías de una de las figuras políticas más influyentes de la región en las últimas dos décadas.
