Para entender de qué se trata la ley de la que se valió el presidente estadounidense Donald Trump, para deportar masivamente a ciudadanos venezolanos, hay que saber que el magnate desempolvó una ley de 1798, llamada Alien Enemies Act que no es otra cosa que una ley de guerra que sólo se ha aplicado en tres ocasiones: contra los británicos tras la guerra de independencia, contra los alemanes tras la primera guerra mundial y contra los japoneses durante la segunda guerra mundial.
Teniendo en cuenta esta situación y las características de la ley, la desproporción de la medida queda en evidencia, en primer término, porque Estados Unidos y Venezuela no están en guerra. Por otra parte, la declaración de la medida contra los miembros del denominado Tren de Aragua, criminaliza a los venezolanos como grupo y le impide cualquier derecho a la defensa.
Tras invocar la polémica ley, el juez federal de distrito James E. Boasberg, cuestionó este si la administración de Trump ignoró sus órdenes de hacer regresar los aviones que transportaban deportados a El Salvador en posible violación de una decisión que había emitido minutos antes.
Boasberg se mostró incrédulo ante las afirmaciones de la administración de que sus instrucciones verbales no contaban, que solo debía seguirse su orden escrita, que no podía aplicarse a vuelos fuera de los EE. UU. y que no podían responder a sus preguntas sobre los viajes debido a cuestiones de seguridad nacional.
La respuesta del gobierno de Trump
La administración Trump se saltó la orden del juez y lo justificó con su derecho a aplicar una política de seguridad. El subdirector de política de la Casa Blanca, Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que el juez federal que bloqueó temporalmente la ley para acelerar las deportaciones tenga competencias para hacerlo.
«Si un juez de distrito puede intervenir en la conducción de nuestra política exterior, no tenemos, bajo ningún concepto, una democracia en este país», dijo Miller, quien es el arquitecto de la política migratoria de Trump.
Según el gobierno de Trump, la banda delictiva el Tren de Aragua, que nació en las cárceles de Venezuela y que ya fue erradicada por el gobierno de Nicolás Maduro, «está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio».
Sin embargo, para el gobierno estadounidense no ha sido fácil probar estas afirmaciones, como tampoco ha logrado identificar con elementos de prueba, a ninguno de los ciudadanos venezolanos que ha acusado de pertenecer a esta banda.
Miller confirmó que el gobierno se saltó la orden del juez, basado en que «si llegamos a un punto en este país en el que los jueces de los tribunales de distrito pueden interferir y dirigir objetivos específicos o no, y decir quién debe controlar el territorio, ¿podrían dirigir qué general en el campo de batalla va a estar a cargo de tomar qué decisiones?», preguntó.
Violaciones a convenios internacionales
La acción de deportación masiva de venezolanos aplicada por el gobierno estadounidense, tiene severas trasgresiones al derecho internacional y a los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Este fin de semana, dos vuelos que llevaban a 261 deportados, 238 de ellos venezolanos, llegaron a territorio salvadoreño sin que ninguno de los ciudadanos tuviera derecho a la asesoría legal. Tampoco se demostró la relación de ninguno de estos ciudadanos con la agrupación delictiva Tren de Aragua.
El economista y profesor universitario venezolano, residenciado en Estados Unidos, Francisco R. Rodríguez, analizó en sus redes sociales que esta acción aplicada por el gobierno de Trump “tiene implicaciones legales y políticas gravísimas”.
