A Boluarte le esperan mínimo 20 años de cárcel

El Gobierno liderado por la presidenta de la república, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola Peñaranda, tendrá que responder (ante los fueros judiciales correspondientes) por las aproximadamente 60 muertes que ha dejado, hasta el momento, la represión policial.

Aquella orden tiene como finalidad controlar las protestas contra su mandato, las cuales piden su renuncia al cargo, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales para una fecha prudente y no la de abril de 2024, establecida por el Parlamento. Ello aún se encuentra a la espera de su ratificación en segunda votación en la próxima legislatura.
En diálogo con La República, el abogado penalista Andy Carrión señaló que no existe un Estado de derecho en el mundo que permita la cifra de 60 fallecidos, producto de una convulsión social y política que pueda ser justificada. En tanto, advierte que Boluarte tendrá que responder judicialmente por los que perdieron la vida.

“Sesenta muertos en el transcurso de la protesta, desde que se iniciaron. En ningún Estado normal de derecho puede uno permitirse tener tantos muertos. Eso ya es violar los derechos fundamentales de las personas y de un grupo social. No se están resguardando los derechos fundamentales de las personas. Obviamente, se tienen que investigar cada una de esas muertes. El Gobierno no ha sido respetuoso de los derechos humanos”, declaró a este medio.

“Estoy absolutamente convencido (que una vez que deje la presidencia, tendrá que responder ante la justicia) porque las imputaciones que se hacen contra la presidenta no son a raíz de que ellos han estado presentes en los disturbios y que ellos han disparado, esa no es la forma de imputación. Esto se hizo con Alberto Fujimori, ellos manejan el aparato estatal, ellos toman las decisiones sobre un aparato organizado de poder, ellos no necesitan estar en el lugar de los hechos, ellos bien pueden dar las órdenes de reprimir”.