enero 31, 2023

El Nuevo Guárico

Libre, Plural y Objetivo

Acerca de la cuestión agroalimentaria venezolana (nueve)

En la fase que iniciamos con esta nueva entrega, trataremos de sistematizar con mayor grado de especificidades, un marco de propuestas que coadyuven en la búsqueda del necesario consenso nacional, para la estabilización de este estratégico engranaje en la vida de la nación.

Por Jesús Cepeda Villavicencio

Atender la cuestión agroalimentaria venezolana, no es solo un asunto social, económico y político, es también emocional y de estabilización regional y local, por la vocación y el arraigo que tienen con la tierra y el medio rural, quienes le han dedicado su vida a la noble tarea de producir alimentos “

 JCV

En las ocho entregas anteriores de esta serie dedicada al análisis del asunto agroalimentario, nos hemos referido a aspectos de carácter conceptual y contextual que nos han permitido visualizar complejidades, elementos estratégicos para su debida atención integral, pero, sobre todo, se ha podido observar la magnitud del actual drama alimentario venezolano. En la fase que iniciamos con esta nueva entrega, trataremos de sistematizar con mayor grado de especificidades, un marco de propuestas que coadyuven en la búsqueda del necesario consenso nacional, para la estabilización de este estratégico engranaje en la vida de la nación. A tales efectos hemos dividido los sucesivos capítulos por consignar, en cinco categorías a través de las cuales ubicamos según nuestra particular visión, la mayoría de los criterios a considerar para el diseño de las políticas del sistema agroalimentario venezolano (SAV):

I). El asunto de la cuestión macroeconómica. Lo enumeramos en primer lugar, porque sin resolver como una condición previa e ineludible las graves distorsiones de nuestra macroeconomía, cualquier intento que se haga por el relanzamiento del SAV, sería como arar en el mar.

II). Las reformas sugeridas (institucionalidad) desde donde emanarían las políticas, y sus respectivos ejecútese.

III). La visión holística y el análisis de los respectivos subsistemas que conforman el SAV.

IV). Las disyuntivas que hoy se discuten a nivel global, acerca del asunto de la ruralidad.

V). Las propuestas para el diseño de los planes de corto, mediano y largo plazo, que configurarían los elementos claves para la formulación de la “Ley Orgánica de Desarrollo Agroalimentario Nacional”, sustituta de las vetustas leyes agrícolas actuales y objetivo final de todo este esfuerzo de concientización del SAV.

I). Para tratar este primer asunto, nos auxiliaremos  como valor introductorio, en un párrafo extraído del prolegómeno que presentó el profesor Leonardo Vera, en el recién finalizado congreso ideológico-programático del partido político UNT, cito; “La socialdemocracia se vale de valores democráticos e incluyentes para la construcción de un proyecto político y económico que se aleja del marxismo, que acepta el capitalismo y a la economía de mercado, pero que reconoce que el sistema de libre empresa, por sí solo y sin debido desarrollo institucional y regulatorio, puede generar graves inequidades y otros males sociales”. Es desde este contexto doctrinario donde nos ubicamos para plantear un consenso político, que permita comprender al SAV como una herramienta en la alternativa de vida democrática, económica, de estabilidad social y emocional, capaz de detener el flujo migratorio intra y extra territorial. El componente de políticas macroeconómicas requerido para un planteamiento de esta naturaleza, se inspira en lo hemos venido denominando, “Macroeconomía Socialmente Responsable”.

El tema de la macroeconomía es muy amplio, complejo y difícil de manejar, influye sin lugar a dudas en todos los aspectos de la vida social y económica del país, no es el objetivo de nuestros escritos, pero es imposible soslayar, por lo menos un aspecto crucial para que se pueda concretar el impulso del SAV, y es lo que tiene que ver con la apreciación de la tasa de cambio real (TCR), signo inequívoco de nuestra economía desde varias décadas atrás. Esta particularidad de lo que hasta ahora ha sido nuestra condición rentística, hace inviable toda posibilidad de que nuestra economía agroalimentaria (producción nacional)  pueda competir, lo cual se agudiza aún más con un consumidor empobrecido en sus ingresos y que por una lógica de sobrevivencia, tenderá a la búsqueda de productos alimentarios más baratos, y sin duda en estas condiciones, los bienes importados han sido y seguirán siendo más accesibles mientras continúen las graves distorsiones y desequilibrios que afectan todos los ámbitos de las políticas macroeconómicas. De manera que, para poder avanzar en planes y propuestas, debe existir como requisito previo, la certeza en los equilibrios macroeconómicos, porque solo así se puede competir con relativo éxito, con las importaciones de alimentos y bienes- insumos para el agro, y lo que se aspira con la economía agroalimentaria, es que esta sea productiva, competitiva y pueda ser fuente generadora de divisas.

II). El segundo aspecto está referido a la reinstitucionalización del SAV. Estas reformas sugeridas, son el resultado de un amplio consenso logrado, entre un conjunto de personalidades con distintas afinidades dentro del mundo agropecuario, las cuales coinciden en una asociación civil denominada Plataforma Agroalimentaria Nacional (PAN), que dirige nuestro distinguido amigo, ex presidente del Instituto Agrario Nacional (IAN), Ingeniero Alirio Oliveros Hernández, y que están contenidas en un informe mucho más amplio, que ha sido elaborado por dicha asociación, como un valioso aporte para el desarrollo agroalimentario del país. A tales efectos se formulan los siguientes planteamientos:

II.1). Reorganización del Sistema Público Agroalimentario;

II.1.1). Fusionar los Ministerios de Agricultura y Tierras, Alimentación, Pesca y Agricultura Urbana en un solo ministerio: Ministerio de Agricultura y Alimentación.

II.1.2) Crear nuevamente en base a su concepción originaria el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables.

Estos dos Ministerios actuando de manera correlacionada, deben definir el marco normativo y de políticas que le dé sentido holístico e integral, a un proceso agroalimentario que tiene necesariamente que ser sustentable y en franca armonía con el AMBIENTE (mayúsculas ex profeso).

II.1.3) Configurar una estructura institucional pública agrícola de pocos organismos de adscripción, pero de un elevado nivel de gestión técnica, que permita el manejo coordinado de las políticas públicas, de manera cogestionada en áreas fundamentales; como la seguridad jurídica de las tierras, la infraestructura de apoyo a la producción, las ciencias y las tecnologías y la propia alimentación, a tales efectos se considera conveniente la existencia de:

· Un Instituto Autónomo de Tierras

· UN Instituto Autónomo Nacional de Investigación y Asistencia Tecnica Agrícola.

· Un Instituto Autónomo de Suelos.

· Un Instituto Autónomo de Riego.

· Un Instituto Autónomo de Vialidad Rural.

· Un Instituto Autónomo de Electrificación Rural.

· Un Instituto Autónomo Nacional de Pesca.

·  Una Empresa Pública Nacional de Silos y Almacenamiento.

II.1.4) Crear las Unidades Estadales de Desarrollo Agrícola, las cuales deben ser presididas por los Gobernadores de cada Entidad Federal, en el marco de la política de descentralización que debe ser impulsada, como capítulo fundamental del desarrollo nacional.

II.2). Reformas en el marco jurídico:

II,2.1). Derogar la ley de tierras y desarrollo agrario, y la ley orgánica de seguridad y soberanía alimentaria, que tiene de todo menos lo que refiere su enunciado.

II.2.2). Promulgar nuevas leyes agrarias y agrícolas en consonancia con la consolidación que se propone en sus dos vertientes; el agronegocio y el desarrollo económico y social de las regiones agrícolas (desarrollo rural integral). Donde se establezca el principio de la propiedad privada del factor tierra en sus aristas de uso, goce, disfrute y disposición, por parte de los legítimos dueños, salvo las que por concepto del interés nacional deban quedar en posesión del Estado.

II.2.3). Definir un cronograma preciso para la realización de un efectivo catastro nacional de tierras agrícolas, estableciendo la obligatoriedad de cada productor a realizar o reafirmar el respectivo registro en la jurisdicción que le corresponda. Este catastro debe correlacionarse con los realizados con anterioridad por el SENIAT, lo cual pudiese ayudar a darle celeridad al nuevo catastro que proponemos, donde la tenencia de la tierra debe contener como prioridad, la legítima demostración de propiedad y que no se desvirtúe su espíritu (el objetivo de la ley es la lucha contra la ociosidad de la tierra).

II.2.4). Crear los tribunales agrarios en cada entidad federal, los cuales deben encargarse con efectividad, honradez y neutralidad, de dirimir las controversias y disputas que pudiesen suscitarse.

II.2.5). Dictar una fuerte legislación especial para combatir el secuestro, el abigeato y los delitos contra las personas y los bienes en el medio rural. Sin seguridad jurídica, personal y patrimonial es imposible construir la agricultura que requerimos.

Hemos hecho referencia sólo a dos aspectos por considerarlos de primer orden, sin embargo, las propuestas reinstitucionalizadoras del SAV son mucho más extensas y abarcan también otros no menos importantes aspectos, que deben funcionar de manera simultánea, para que se puedan alcanzar los tres principales objetivos que se han formulado como guías rectoras del definitivo desarrollo del SAV. Dentro de estos se contempla una reforma a fondo del sistema de financiamiento de las actividades agroalimentarias, la integración vertical de los procesos agroalimentarios (creación de los circuitos agroalimentarios regidos por sus respectivas juntas administradoras, integradas por todos los actores públicos y privados presentes en la dinamica productiva de cada circuito) y finalmente se impone la urgente necesidad de una reforma fiscal que implique la asignación de un adecuado nivel de recursos financieros publicos, en ese sentido proponemos que las asignaciones presupuestarias destinadas al respectivo ordenamiento, no debe ser inferior al 6% del total de los egresos publicos totales, lo cual contrasta de manera significativa con el ridículo 1% que actualmente representa el gasto público agrícola como proporción del gasto público total del país. No es posible un efectivo SAV y la agricultura que requiere la Republica, si no se asignan los recursos financieros de rigor.

En la próxima entrega iniciaremos el análisis de los subsistemas que integran desde nuestra perspectiva el SAV.

RESCATAR LA DEMOCRACIA ES REINSTITUCIONALIZAR EL SAV.

Jesús Cepeda Villavicencio es ingeniero agrónomo, MsSc en Desarrollo Rural, doctor en Ciencia de la Educación, profesor universitario jubilado, ensayista y político.