diciembre 6, 2022

El Nuevo Guárico

Libre, Plural y Objetivo

Justicia y cambio político

La reciente visita a nuestro país del fiscal de la Corte Penal Internacional, Dr. Karim Khan; el anuncio de la apertura formal de investigación por crímenes de lesa humanidad

Por: César Pérez,Vivas

La reciente visita a nuestro país del fiscal de la Corte Penal Internacional, Dr. Karim Khan; el anuncio de la apertura formal de investigación por crímenes de lesa humanidad al Estado venezolano y la firma de un memorándum, para comprometer al régimen madurista a cooperar en la investigación, reviste una importancia relevante en estos tiempos de tragedia humanitaria y de colapso del sistema democrático venezolano.

No cabe duda del hastío de nuestra sociedad frente al actual estado de cosas y del inmenso deseo de cambio existente en el seno de nuestra nación. Si bien la apertura formal de la investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene un impacto político, tampoco es menos cierto que como todo proceso de investigación penal, en un sistema jurídico serio,  deben cumplirse rigurosamente los principios y estándares internacionales en materia del debido proceso, lo cual incluye de entrada, la presunción de inocencia y por consiguiente el derecho a la defensa.

Es muy importante orientar a la población respecto a la complejidad de un proceso de investigación y de un juicio de esta naturaleza en un tribunal internacional de las características de la Corte Penal Internacional. Una adecuada orientación es fundamental para no darle cabida a interpretaciones, análisis o comentarios que presenten este proceso como el disparador directo de un cambio político.

Sin pretender para nada restarle importancia a la decisión del fiscal Karim Khan, es menester precisar que el trámite no es expedito. Se trata de un proceso complejo que tomará su tiempo. Determinadas las responsabilidades de los hechos investigados, individualizados los presuntos responsables, aún habrá que acudir al juicio y posteriormente a la fase decisoria. En consecuencia es prudente advertir que no será fruto directo, derivado de una sentencia que se pueda producir en un eventual juicio, que se logre un cambio del sistema político autoritario que nos oprime.

Todos los ciudadanos, y muy especialmente quienes ejercemos funciones políticas, debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad en la lucha para rescatar la democracia. La cooperación de la comunidad internacional, la actuación de los organismos multilaterales de defensa de los derechos humanos, la misma tarea que cumple la Corte  Penal Internacional, así como la solidaridad de los países democráticos, constituyen una palanca importantísima para nuestro lucha. Pero ninguna de esas instancias pueden suplir la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de movilizarnos, organizarnos y activarnos para exigir de forma pacífica y constitucional el respeto a nuestros derechos políticos; así como asumir nuestro deber de trabajar para derrotar la dictadura y rescatar la democracia.

No hay soluciones automáticas ni mágicas. Si bien un eventual juicio en la CPI puede llegar hasta la condena de Maduro y una parte de su camarilla, es muy importante destacar que no necesariamente eso puede significar el final del socialismo del siglo XXI en el poder.

Pueden condenar a un grupo de los cabecillas del régimen, pero este  puede encontrar el camino para perpetuarse con otros integrantes de la nomenclatura, si nosotros, los venezolanos, no colocamos como objetivo central de nuestra acción política el fin del chavomadurismo y el rescate de la democracia.

Es entonces, imperativo, perseverar en la lucha para lograr la derrota política y electoral del régimen. Lucha que reclama desprendimiento, autenticidad, compromiso, unidad y determinación por parte de quienes  bregamos  honestamente por el rescate pleno del Estado de Derecho.

Nadie hará por nosotros lo que nos corresponde. Es hora entonces de lanzar nuevamente la lucha por el cambio democrático, teniendo como tenemos a las puertas, la oportunidad constitucional y legal, de activar el referéndum revocatorio presidencial.

El año 2022 será determinante en ese desafío. Esperar hasta 2024 como algunos sectores y actores políticos proponen o dejan entrever, constituye un golpe más a una población cada vez más afectada y agobiada por la tragedia humanitaria.

Estamos llegando nuevamente a un tiempo en el que se juntan diversos factores, todos los cuales articulados y admiculados, nos ofrece una extraordinaria oportunidad para avanzar hacia la democracia. Abramos esas alamedas de la libertad, y pongamos de lado nuestra tradicional forma pesimista y condicionante de asumir las dificultades.